Lucía, de 46 años de edad, recuperó su libertad luego de 14 años de reclusión en el penal de Ecatepec donde fue sentenciada a 43 años y 9 meses de prisión por el homicidio de su cónyuge, y luego de que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) analizara su caso y solicitara al Poder Judicial el beneficio de la amnistía, ésta fue concedida.
Lucía vivió 9 años con su pareja, un policía auxiliar con el que sufrió violencia física, psicológica, sexual y económica; el día en que se registró el homicidio, este sujeto arribó al domicilio familiar en estado de ebriedad, trató de agredir a Lucía con un cuchillo y después de un forcejeo entre la pareja, ella le quitó el objeto punzocortante y lo lesionó en el tórax. Cabe hacer mención que esta no era la primera vez que este individuo amenazaba con matarla.
La CODHEM revisó este expediente y detectó que Lucía enfrentó violaciones a derechos humanos durante el proceso penal; su detención no cumplió con los requisitos constitucionales ni legales necesarios para justificar una captura por flagrancia equiparada y durante la entrevista realizada por los policías aprehensora estuvo en estado de indefensión al no haber contado con la asistencia de abogado.
Posteriormente, el abogado que la defendió omitió invocar la figura jurídica de exceso en la legítima defensa, estrategia que habría proporcionado un contexto diferente a los hechos que se le imputaban. Además, el mismo defensor no solicitó la exclusión de los medios de prueba obtenidos en contravención a derechos humanos, es decir, la declaración de Lucía y la declaración de su hija, que habrían sido cruciales en la decisión del juez al emitir la sentencia condenatoria.
Aunado a ello, se corroboró que, por su condición, el caso de Lucía encuadra en diferentes categorías de vulnerabilidad que señala la Ley de Amnistía del Estado de México, como ser mujer y sufrir varios tipos de violencia. Ella vivía con dos hijas, su cónyuge y su suegra en un pequeño departamento rentado que era insuficiente para las personas que lo habitaban, ahí era golpeada constantemente, recibía amenazas, insultos y abuso sexual. Además, tenía rezago educativo, pues sólo contaba con estudios de secundaria y su ingreso no alcanzaba para satisfacer sus necesidades básicas.
«Después de 14 años se hizo justicia, ojalá las leyes volteen a ver el lado humano y no sólo lo jurídico, no se sabe qué tanto se puede dañar, el Penal es un lugar de aprendizaje, la gente puede aprender a superarse, gracias a quien ayudó a que se saliera, a la Comisión de Derechos Humanos y a todos quienes intervinieron», explicó Lucía al salir del CPRS de Ecatepec.
