Integrantes de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, Planeación y Gasto Publicó y de Finanzas Publicas de la LXI Legislatura aprobaron por unanimidad de votos regular el servicio de grúas y corralones que se brinda en el Estado de México e inhibir presuntos actos de corrupción por parte de policías de tránsito que sancionan a los automovilistas.
Tras varias sesiones de trabajo, las y los diputados aprobaron la iniciativa presentada por los diputados del Grupo Parlamentario de Morena, Nazario Gutiérrez y Adrián Galicia para reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, de la Ley de Movilidad del Estado de México, del Código Administrativo del Estado de México y del Código Financiero del Estado de México y sus Municipios, por denuncias de corrupción en el cobro por la operación de las grúas y corralones en la entidad.
Así, como la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del PAN para reformar diversas disposiciones del Código Administrativo del Estado de México, que propone inhibir acciones indebidas que permean dentro de la policía de transito relacionadas con el arrastre y sanciones en los corralones.
Durante la lectura del dictamen se estableció que las iniciativas de decreto tienen como propósito principal abonar al marco jurídico estatal con el objetivo de atender la problemática generada en los depósitos de arrastre, salvamento, guardia custodia y depósito de vehículos
Por ello, las y los integrantes de las Comisiones Unidas propusieron que la transparencia sea el eje rector del servicio de grúas y corralones, atendiendo la regulación del servicio acorde a las tarifas aprobadas en el Código financiero del Estado de México y municipios vigentes.
A la vez que consideraron necesario establecer criterios claros que determinen el marco geográfico de actuar de los concesionarios, la transparencia en el manejo de los sistemas de ingreso de los vehículos automotores a los depósitos, así como una escrupulosa revisión del otorgamiento, operación y revocación de las concesiones otorgadas para este servicio.
Los integrantes de las Comisiones unidas reconocieron que existen grupos que de manera inmoral lucran y abusan en su función administrativa y se aprovechan de las necesidades sociales y la problemática de personas al detectar vacíos jurídicos como es el caso de los servicios concesionados y permisionados de arrastre, salvamento, guardia y custodia y depósito de vehículos.
Subrayaron la sospechosa falta de control sobre los vehículos automotores ingresados a los depósitos, la absoluta opacidad en los cobros de los servicios brindados por los mismos, los robos de autopartes que se perpetran en el interior de estos espacios entre otras artimañas. “Lo que pone en duda si es un servicio a la ciudadanía o es un atraco. Siendo en algunos casos mayor el cobro de la tarifa que incluso el valor del propio vehículo de ahí la necesidad de legislar en esta materia”.
También, destacaron que es obligación del conductor tener conocimiento del Reglamento de Tránsito, dado que lo contrario no los exime de cumplirlo. Sin embargo, el desconocimiento y la complicidad crea condiciones para que la autoridad de tránsito, en el proceso de multa y arrastre, se convierte en un riesgo eminente de actos de corrupción que hay que combatir ajustando la legislación como se propone.
En la reunión, el diputado Nazario Gutiérrez, indicó que durante las reuniones de análisis de esta iniciativa se le dio seguimiento a las propuestas recibidas por parte de legisladores y de la Secretaría de Movilidad, a la vez que se cuidó de homologar dicha iniciativa de reforma con las Leyes federales. Y reitero que no se pretende afectar a los concesionarios.
Por su parte, la diputada Carmen de la Rosa reiteró que ambas iniciativas presentadas responden a las demandas de los ciudadanos hartos de los abusos en los corralones. Y resaltó que los corralones no podrán instalarse a una gran distancia, no habrá ningún pretexto de que las grúas realicen el arrastre de un vehículo por varios kilómetros, deberán las grúas de estar habilitadas con cámaras de video para evitar actos de corrupción y el deposito deberá distinguirse a través de rótulos que muestren la razón social, requisitos para la liberación y las tarifas, principalmente, lo que beneficiará a la población.
Tras esto, las y los diputados votaron a favor del dictamen.